La última reunión mantenida por el Consejo de Administración del Grupo Renfe acordó iniciar el proceso de aprobación a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para la selección de una empresa estratégica en el transporte de mercancías que pueda sacar de la ruina económica que sufre desde hace años a la empresa del Grupo que conocemos por Renfe Mercancías S.A.
La pésima situación económica de esta empresa (Renfe Mercancías) perteneciente al Grupo Renfe, arranca desde tiempos inmemoriales, situación que se agravó a partir del 2005 con la entrada en vigor de la liberalización del transporte de mercancías que “tan buenos resultados iba a dar” y que, como ya denunciábamos desde CGT, iba a suponer el principio del fin del transporte de mercancías a cargo de una empresa del sector público.
Los principales motivos que se alegan son que, a través de una gestión privada se generará agilidad y flexibilidad. Eufemismo que esconde el ahorro económico a través del empeoramiento de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores. También, la adecuación de los escenarios productivos a las necesidades de los clientes; en román paladino, trabajadores con desregulación de jornada y temporalidad constantes.
Desde CGT no vamos a negar la mala situación económica de esta empresa, pero también decimos, que es producto de décadas de mala praxis empresarial e impericia de los gestores nombrados a dedo por los políticos de turno. Gestores que mantendrán su puesto de trabajo como si aquí no hubiera pasado nada o que recolocarán en otros puestos o empresas con clara influencia política.
Desde CGT esperamos que el gobierno no dé la autorización a este trasvase de inversión millonaria pública al sector privado y ponga a la cabeza de la gestión a personas capaces de revertir la situación actual, capaces de generar negocio -porque lo hay-, y aprovechar las cualidades profesionales del personal y la posición que otorga ser una empresa de carácter público.
Paralelamente, apostar por el transporte por ferrocarril de las mercancías en España con inversiones paralelas, adecuando la legislación española a la Europea en cuanto al fomento del ferrocarril para el transporte de productos industriales.